Denuncian ante CIDH omisión del Estado mexicano en proteger derechos de familias de personas desaparecidas en el contexto de la pandemia

Coolaboración. Yadira Schefferlly

Organizaciones denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la omisión del Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, de adoptar medidas urgentes tendientes a mitigar los impactos de la crisis sanitaria por la Covid-19 sobre los derechos de las y los familiares de personas desaparecidas y/o localizadas sin vida en México

Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas), a través de su Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas y con el apoyo de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), llevo a cabo dicha denuncia presentando un informe a la CIDH.

El informe entregado a la CIDH se realizó con base en los resultados de una encuesta en línea elaborada por las organizaciones, y contestada por 674 familiares de personas desaparecidas y/o localizadas sin vida, provenientes de 19 entidades federativas, entre el 20 y el 24 de mayo pasado

El estudio confirma situaciones preexistentes de precariedad de las y los familiares de personas desaparecidas –como la inestabilidad económica y laboral o las afectaciones en su salud–, que se agudizaron con la llegada de la pandemia, particularmente para las mujeres, las personas mayores de edad y las personas con discapacidad.

El estudio revela que, pese su acercamiento con las instituciones públicas, una gran mayoría de las víctimas no ha recibido apoyo desde el inicio de la crisis sanitaria por la Covid-19 (72.03%), por lo que consideran que el apoyo brindado por las autoridades hasta el momento ha sido muy deficiente o deficiente, siendo las peor calificadas las autoridades municipales (74.72%), seguidas de las autoridades federales (68.01%) y estatales (63.79%).

Idheas, el Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas y la FIDH hacen un exhorto al Estado mexicano a erigir la atención a las víctimas como una verdadera política de Estado ante la crisis humanitaria que se vive en el país, así como a implementar una estrategia integral que le permita cumplir con sus obligaciones reforzadas de promover respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de los familiares de personas desaparecidas y/o localizadas sin vida en el contexto de la pandemia.

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