Por. Luis Fernando Dávila
Dirigentes campesinos aseveran que la política de austeridad impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha llevado a desmantelar Secretarias de Estado e instituciones vinculadas con el campo, tales como: Sader, Sedatu, Tribunales Agrarios, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y FIFONAFE.
Los dirigentes de la UGOCP, Luis Gómez Garay; Mariana González Torres, del CAP; e Isidro Pedraza Chávez, de la UFIC, coinciden en que la política federal está asfixiando a los habitantes de 32 mil ejidos en el país pues no tienen solución sus conflictos agrarios, carecen de programas de apoyo productivo o financiamiento a bajas tasas de interés.
Afirman que el Ejecutivo Federal mantiene su negativa a dialogar con los liderazgos de organizaciones campesinas a pesar de que persisten conflictos agrarios, hay baja producción de alimentos y aumento en importaciones de granos y oleaginosas; así como la existencia de un tratado comercial internacional (T-MEC) que pone a los agricultores en desventaja.
Advierten que ante dicho escenario, el cierre del 2020 será complicado en el abasto de alimentos y no se descarta una hambruna, lo que derivará en protestas sociales.
Por ello, platean al Gobierno Federal que debe iniciar el dialogo con los actores sociales y políticos del campo; armar una agenda que aborde la pandemia del COVID 19 y la crisis económica, social y política que priva en la nación.
Además, estimaron necesario comenzar el andamiaje con todas las organizaciones de campesinas e indígenas, sindicales y de la sociedad civil para crear una fuerza unitaria para rescatar la actividad economía, recuperar la salud y garantizar las libertades en el país rumbo al 2021.
