Proceso
El jurista Diego Valadés es contundente: el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene que rechazar el registro de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, como candidato independiente a la Presidencia de la República. Su argumento es que el gobernador de Nuevo León con licencia será juez y parte en el proceso electoral a partir del día de los comicios. La única manera de salvar su aspiración, dice, es que renuncie a la gubernatura.
Además de las irregularidades que el INE termine por determinar en el número de firmas que presentó como apoyo a su candidatura –estimadas preliminarmente en 40%–, Rodríguez Calderón tendrá que ser sometido a los criterios fijados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que obligan a la separación del cargo durante todo el proceso electoral y no sólo los seis meses que dura su licencia.
El problema para Rodríguez Calderón es que la Constitución de Nuevo León no prevé una licencia mayor a ese plazo, por lo que la única manera de salvar el impedimento para registrarse como candidato independiente es que renuncie en definitiva al gobierno de Nuevo León, explica en entrevista el especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Valadés asegura que la candidatura de Jaime Rodríguez “representa un dilema” para las autoridades electorales; administrativa en el INE y judicial en el TEPJF.
“Desde mi punto de vista, el Instituto Nacional Electoral no debe darle el registro como candidato por el muy sencillo hecho de que ese candidato volverá a ocupar el gobierno del estado el día mismo de las elecciones”, asevera.
Esto significa que a través de sus representantes participará en el cómputo de los votos que inicia el miércoles siguiente a las elecciones, pero lo hará ya como gobernador, pues su licencia de seis meses se vence el 1 de julio de 2018, el mismo día de las elecciones. Ya de nuevo en funciones, podría intervenir en cualquier proceso contencioso que se inicie en su contra o en el caso de que él atribuya actos indebidos a otros. Esa es una irregularidad que ya está prevista por la jurisprudencia del Tribunal Electoral, apunta Valadés.
