La Jornada de Oriente
A partir del 10 de Enero la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), padres de los 43 normalistas detenidos-desaparecidos el pasado 26 y 27 de septiembre, continuaran las labores de búsqueda de los estudiantes esta vez en los cuarteles del ejército, dijo el vocero Felipe de la Cruz, según acuerdos de la Asamblea Nacional Popular (ANP).
El vocero de ANP indicó que los padres continuaran la búsqueda y exigencia para que se abran los cuarteles del ejército ya que argumentan “con mucha seguridad que fueron los policías y los militares los que intervinieron en estos hechos”.
Asimismo la nueva hipótesis se centra en los crematorios del Ejército y en privados, donde probablemente habrían sido llevados los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa según afirman Jorge Antonio Montemayor Aldrete, del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Pablo Ugalde Vélez, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Atzcapotzalco.
“La hipótesis es bastante probable porque los estudiantes pueden haber sido incinerados en crematorios modernos del Ejército o de empresas privadas, con instalaciones suficientemente grandes y con morgue (depósito de cadáveres)”, afirmó Montemayor a la periodista de la jornada.
Se trata de los mismos docentes que participaron en la ambigua versión de la Procuraduría General de la Republica (PGR) que aseguraba que los estudiantes desaparecidos habían sido asesinados e incinerados por el crimen organizado en un basurero del municipio de Cocula.
Además la investigación no solo buscará información de la Secretaría de la Defensa (Sedena) sino que buscarán también la indagatoria por medio de la vía fiscal y empresarial.
“El que nada debe, nada teme. Si el Ejército se comporta dentro del marco constitucional, ¿cuál es el problema para que nos permita revisar la bitácora de uso de sus crematorios y los recibos correspondientes de consumo de gas del año reciente para observar de forma transparente si hubo un incremento en el gasto”, estableció el docente.
El investigador indicó que aunque el gobierno se niegue a proporcionar información existen alternativas como facturas de empresas privadas de gas que tienen la obligación de indicar cuanto a quién y qué día se vendieron, de esta forma es posible conocer si hubo un aumento fuerte en la venta de gas entre el 26 y el 28 de septiembre.
De acuerdo a una investigación del departamento de sustentabilidad de Australia la cantidad de gas para poder incinerar un cuerpo es de 53.285 kilogramos de fluido, en total se necesitarían casi 2300 kilogramos cubrir a todos los estudiantes.
“Si se llegara a comprobar nuestra hipótesis tendría que aplicarse la Constitución; los culpables tendrían que ser juzgados y aplicada la ley. Es un horrendo crimen y la situación es tan delicada que si dejáramos pasar esto podríamos caer muy fácilmente en un Estado neofascista. Todas las fuerzas sanas del Ejército, la Marina y la sociedad tenemos que exigir que esos miembros de las fuerzas armadas que hayan confabulado, junto con gente del gobierno federal para cometer este crimen de Estado, se les haga a un lado y se les enjuicie. Yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias. A mí me podrán matar, pero no me asustan” aseguró el investigador Montemayor Aldrete.
Por otra parte la ANP manifestó que a partir de la octava Asamblea las acciones “se van a radicalizar”, con un previo de jornada de lucha cultural. Antes del 10 de diciembre se realizarán jornadas de cultura con el objetivo de tocar “lo más insensible de las familias a través de la cultura”.
“El Gobierno federal y el estatal están coludidos porque ellos amenazan con que el Ejército hoy, si nos manifestamos nos van a disparar, es el anuncio que hizo el Gobernador (Rogelio Ortega Martínez), nosotros les respondemos con la otra cara de la moneda, que nuestro movimiento siempre ha sido pacífico y en la vía de la legalidad, porque creemos que no estamos cometiendo ningún delito al exigir que nos presenten con vida a los jóvenes que se llevaron”, afirmó el vocero de la ANP.
El vocero de la asamblea añadió que la exigencia de abrir los cuarteles es el objetivo principal de la lucha para la búsqueda de los normalistas desaparecidos.
“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en la cuestión de los cuarteles porque hoy podemos decir con mucha seguridad que fueron los policías y los militares los que intervinieron en estos hechos (la masacre de Iguala)”.afirmó.
En las últimas dos asambleas, el acuerdo respecto al boicot a las elecciones seguía en pie, sin embargo nadie generó una postura al respecto.
“No le pedimos a los ciudadanos que dejen su derecho de votar, sino que exijan el derecho de seguridad pública, integridad física y de la vida, si vamos a votar estamos votando por los mismos gobernantes que se están peleando en el poder, no estamos bloqueando el derecho a votar, convocamos a la ciudadanía a que esta vez digamos ya basta a esos políticos”, concluyó el comisionado de la vocería de la Asamblea Nacional Popular.
