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Isabel Cruz, Consejera del Instituto Mexicano de Finanzas Rurales (IMFR), advirtió que actualmente son escasas las políticas públicas que promuevan el apoyo gubernamental y la participación organizada de los beneficiarios, en la Producción Social de Vivienda, por lo que la disponibilidad y calidad de la vivienda es una de las carencias determinantes del estatus de pobreza tanto en el medio rural como en los cinturones de “miseria” que se han asentado en los alrededores de las ciudades urbanas.
“No contar con una vivienda donde vivir significa alta vulnerabilidad inherente a la pobreza. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 40), reconoce que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, para lo cual la Ley deberá establecer los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”, señaló.
Informó que ayer y hoy el Instituto Mexicano de Finanzas Rurales (IMFR), junto con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), realizaron el Seminario-Taller sobre Esquemas de Financiamiento a la Producción Social de la Vivienda en un Hotel de la Ciudad de México.
Dijo Isabel Cruz que los integrantes del sector de ahorro y crédito popular han impulsado esta iniciativa para promover la incorporación decidida e informada de la Organizaciones Sociales, Organismos Ejecutores de Obra, Instituciones Financieras de “Banca Social” con cobertura y atención en zonas de alta marginación en México.
Desde nuestra institución, expuso, consideramos fundamental impulsar un diálogo sobre la Producción Social de la Vivienda en tanto promueve la construcción de autonomía, responsabilidad y esfuerzo propio entre los beneficiaros para el desarrollo rural y la inclusión a través de un esfuerzo propio de las familias y las comunidades rurales.
La Producción Social de Vivienda (PSV) es la forma de hacer vivienda que ha permitido al 70% de los mexicanos resolver sus necesidades.
La Producción Social de Vivienda (PSV) promueve la construcción de autonomía, responsabilidad y esfuerzo propio de los beneficiarios a la vez que pone en marcha una combinación de incentivos positivos para la concurrencia de diferentes actores: a) de los componentes organización y participación social, b) concurrencia de autofinanciamiento (ahorro de los beneficiarios y compromiso de aportes vía crédito), c) transferencia de dinero público (subsidios) y d) Integración de asistencia técnica constructiva.
Isabel Cruz, Consejera del Instituto Mexicano de Finanzas Rurales, afirmó que esta combinación de incentivos positivos permite detonar soluciones de mercado y concurrencia de recursos financieros.
Informó que hasta septiembre de 2015, CONAVI había otorgado 225 millones de pesos a la Producción Social de Vivienda. Pero la inversión real fue de 562 millones, 60% adicional (337.5 millones) a lo invertido por el gobierno (¡!). Estos 337.5 millones estaban conformados por ahorro de los beneficiarios (56 millones) y créditos de la Banca Social (281 millones).
En ese sentido, precisó que junto con la acción de numerosas organizaciones sociales de ámbito local asociadas a Organismos Ejecutoras de Obra (OEO) una especie de “constructoras sociales” que en alianza con Intermediarios de ahorro y crédito, hicieron posible esa concurrencia.
Para la expansión de esta política pública que ha resultado exitosa se requieren dos acciones bien definidas: Por un lado, reconocer un porcentaje no menor al 15% en el Presupuesto anual de CONAVI y destinarlo a la PSV, dado que el presupuesto a constructoras comerciales devora las posibilidades del presupuesto público y desplaza los derechos sociales de los pobres.
Por otro lado, promover la incorporación decidida e informada de la Banca Social y de Organismos Ejecutores de Obra para llegar a miles de comunidades en condiciones de pobreza que necesitan soluciones a la carencia de vivienda.
