Tengo mi trayectoria y conciencia limpias, así como las capacidades necesarias para ser un juez constitucional independiente, imparcial, moderno y responsable”
Por. Jazmín Luna
Al comparecer ante la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, para fundamentar la idoneidad de su candidatura ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alejandro Gómez Sánchez destacó que cuenta con el perfil para ocupar el cargo para el cual fue propuesto, además dijo contar con experiencia en temas de procuración de justicia.
Al ser cuestionado sobre sus vínculos con la actual administración, apuntó, “tengo mi trayectoria y conciencia limpias, así como las capacidades necesarias para ser un juez constitucional independiente, imparcial, moderno y responsable; sí me considero libre de conflicto de interés”.
Insistió en que el diseño institucional que se tiene en la actualidad, plantea que la integración de la Corte no exige que sus integrantes provengan de la carrera judicial, por lo que al Senado le corresponde determinar a las personas que integran al máximo tribunal para darle el balance adecuado al Poder Judicial.
Sobre el tema de los feminicidios, el también Procurador del Estado de México advirtió que en la entidad se tienen contabilizadas 235 muertes por violencia de género, representando más del 60 por ciento de judicialización.
Mencionó que se requiere la capitación del personal del Poder Judicial de la Federación en materia de perspectiva de género para que visualicen la realidad de las mujeres que han sido víctimas de violencia.
Con respecto al caso Atenco comentó -en primera instancia- logramos el ejercicio de la acción penal en contra de 29 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal, además de que la causa no fuera sobreseída por cuestiones de imprescriptibilidad, lo cual permitió continuar con las indagaciones n obteniendo la consignación de 26 elementos más.
El ex coordinador de asesores del ex procurador Eduardo Medina Mora, consideró que los delitos o faltas de orden público cometidos por elementos castrenses, que no afecten su disciplina militar, deben ser juzgados por el fuero ordinario.
En torno a la resolución de la Primera Sala dela SCJN con respecto al uso lúdico y recreativo de la marihuana, resalto “una sentencia de esta naturaleza conduce a realizar cambios en toda la política del Estado que había tenido como premisa general que el cultivo, preparación y suministro de un estupefaciente, se asocia a consecuencias antisociales o antijurídicas”.
Consideró que México tendría que revisar el impacto de la determinación en los instrumentos internacionales de los que es parte el Estado mexicano, -apuntó- se hizo un examen de proporcionalidad entre el derecho a la salud y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero no se analizaron los impactos con las obligaciones contraídas en los instrumentos internacionales que también forman parte del orden jurídico.
En el caso Tlatlaya enfatizo que la investigación de la actuación de los militares es materia federal, por tratarse de servidores públicos del orden federal, en ejercicio de facultades federales y que la Procuraduría de Justicia de la entidad actuó consecuentemente en auxilio del Ministerio Público de la Federación.
Finalmente, expresó que los hechos, evidencias, declaraciones y todo lo que conforma la carpeta de investigación está en manos de la autoridad judicial, quien ya se pronunció en el sentido de que “hay datos de prueba suficientes para establecer que el hecho delictivo pudo haber ocurrido en términos de lo que dice la Constitución, y datos de prueba suficientes que identifican a quien pudo haber participado en su comisión”.
