Son ya 82 días de actos contra la ley por parte de los integrantes de la CNTE, ante la evidente falta de capacidad del Estado Mexicano para restablecer el orden”, Gustavo de Hoyos.
Por. Luis Fernando Dávila
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, presentó ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federación una demanda de amparo por la omisión de autoridades ante acciones de protesta que realiza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en diversas entidades del país.
En conferencia de prensa explicó que la demanda es “por los actos y las omisiones de la autoridad federal, de las autoridades estatales y municipales, que han violado los derechos fundamentales de los mexicanos, reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales, de cara a las acciones violentas que ya a lo largo de 11 semanas ha protagonizado la CNTE”.
Indicó que además de violar los derechos colectivos de ciudadanos, también se están afectando a los empresarios de ocho estados donde se llevan a cabo diversas expresiones de protesta que en ocasiones son prolongados como los bloqueos carreteros y de vías de ferroviarias; siendo los más afectados Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y la Ciudad de México.
Por ello, dijo que en la demanda de amparo señalan como responsables al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; a los Secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y al de Educación Pública Aurelio Nuño; además de la Procuradora General de la República, Arely Gómez y a los Gobernadores de los estados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero.
“Son ya 82 días de actos contra la ley por parte de los integrantes de la CNTE, ante la evidente falta de capacidad del Estado Mexicano para restablecer el orden”, enfatizó.
Aseveró que las afectaciones son incuantificables, como es el caso del sector siderúrgico, que podría verse obligado a realizar un paro técnico ante la carencia de insumos para su producción.
Aclaró que no buscan que las autoridades actúen con represión hacia los movimientos sociales, cuando estos son legítimos y respetuosos. “La demanda del sector patronal es para que el Estado actúe para restablecer la paz, que se respeten las garantías Constitucionales de libre tránsito, derecho al trabajo, derecho a la educación y a la libertad económica”, puntualizó.
Así mismo advirtió que de continuar esta situación los empresarios se declararían en “ceros” y por lo tanto no realizarían ningún pago fiscal.
