♦ Coinciden senadores del PRD y especialistas en la necesidad de una estrategia de Estado sobre política exterior basada en la unidad nacional
♦ Los sindicatos están obligados a entregar información sobre los recursos públicos que reciben: Luis Humberto Fernández
Necesaria una estrategia de Estado sobre política exterior basada en la unidad nacional
Es urgente definir una estrategia del Estado mexicano frente a los organismos internacionales para denunciar un conjunto de acciones del gobierno de Estados Unidos que repercuten a los intereses de México y los connacionales en aquel país, aseguraron senadores del PRD y especialistas en derecho e internacionalistas.
En una reunión con Porfirio Muñoz Ledo y Mauricio de María y Campos, Miguel Barbosa Huerta, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, aseveró que nadie en el país debe sentirse satisfecho por la respuesta y el comportamiento de Donald Trump a su llegada al gobierno de Estados Unidos.
Por ello, dijo, es urgente definir una estrategia de política exterior que sea construida por el Ejecutivo federal, con la participación del Senado de la República, y que permita hacer frente a las medidas agresivas de Trump y contrarrestar la política hostil en materia migratoria.
En el caso del Grupo Parlamentario del PRD, Barbosa Huerta informó ya fue presentada una iniciativa para contar con una legislación integral que proteja los derechos de los nacionales que viven en Estados Unidos y que brinde protección a quienes regresen a territorio nacional.
En su oportunidad, Porfirio Muñoz Ledo presentó un proyecto de política exterior del Estado mexicano que propone una reclasificación de facultades, para definir qué corresponde a cada orden de gobierno.
En materia de la relación bilateral Muñoz Ledo propuso una estrategia regional de defensa nacional ante los organismos internacionales para denunciar las medidas hostiles de las que es objeto por parte del gobierno americano.
Aseguró que México puede acudir a una enorme cantidad de organismos internacionales como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por agresiones y amenazas contra la Paz, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Organización Mundial de Comercio, por obstrucciones claras al comercio internacional o incluso al Fondo Monetario Internacional por actos desestabilización económica y financiera.
Destacó que el mayor agravio en el que ha incurrido hasta ahora el gobierno que encabeza Donald Trump es la abolición del derecho internacional.
Por su parte, Mauricio de María y Campos, investigador asociado del Colegio de México, enfatizó que la estrategia implementada hasta ahora por el Gobierno mexicano no es la más conveniente al interés nacional, ya que la crisis actual va mucho más allá.
En este sentido, resaltó la necesidad de una estrategia defensiva y otra de promoción del interés nacional, así como un paquete de medidas bilaterales urgentes para enfrentar y combatir los efectos de las disposiciones y medias que adopta el gobierno de Trump en materia de política económica, migratoria y seguridad que afectan a México y a los mexicanos indocumentados en territorio estadounidense.
Por ello, propuso una serie de acciones y medidas básicas como la defensa de la producción, del mercado interno, de las exportaciones nacionales y particularmente de los empleos de los nacionales en México que puedan verse afectados por violaciones a los acuerdos comerciales.
De María y Campos, aseveró que se requieren programas urgentes de apoyos a ciudadanos mexicanos documentados e indocumentados que están siendo amenazados en territorio estadounidense.
También dijo que se requiere un programa de protección de remesas y diseñar e implementar una estrategia de desarrollo nacional que reduzca y revierta la vulnerabilidad del agotado modelo económico y social existente.
Destacó que la mayor necesidad del Gobierno mexicano actualmente es lograr una estrategia de Estado basada en la unidad nacional entorno a un liderazgo con credibilidad política y moral, para poder hacer frente a la situación actual.
Los senadores Armando Ríos Piter, Luis Humberto Fernández Fuentes y Luz María Beristain coincidieron en que es momento de eliminar prejuicios y establecer una agenda de demandas del Estado mexicano que puedan ser planteadas ante Estado Unidos.
Además de definir una serie de acciones desde el Senado de la República encaminadas a contrarrestar los efectos negativos de las medidas anunciadas por el presidente estadounidense.
Mientras que la senadora Dolores Padierna se manifestó a favor de acudir a instancias internacionales, pues aseguró que los agravios cometidos contra México requieren la condena internacional de todos sus aliados.
Respecto al modelo económico del país, reiteró que es un modelo agotado con dependencia económica de Estados Unidos, por lo que urgió a contar con una nuevo modelo económico basado en los dos motores de la economía: el mercado interno y el externo.
En la reunión también estuvieron presentes los senadores Lorena Cuéllar Cisneros, Raúl Morón Orozco, Benjamín Robles Montoya, Alejandro Encinas Rodríguez, Isidro Pedraza Chávez y Zoé Robledo.
Sindicatos obligados a entregar información sobre recursos públicos que reciben: Luis Humberto Fernández
“Se acabaron las escusas, los sindicatos tendrán que transparentar información sobre el uso de recursos públicos”. Mediante un punto de acuerdo, el senador Luis Humberto Fernández convocó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia a que están sujetos los sindicatos en el país.
Lo anterior basado en la sentencia emitida por el Juzgado Octavo en Materia Administrativa del Distrito Federal con número de folio 1666/2016 a favor de un particular y en contra del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE),lo que marca un precedente histórico en materia de transparencia sindical y rendición de cuentas, expresó el Senador Fernández Fuentes.
“El hecho representa un avance para hacer accesible el derecho a la información y rendición de cuentas para todos los ciudadanos y para los agremiados de cada organización sindical”.
La resolución hace procedente la solicitud de información presentada ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para conocer a detalle las erogaciones y pagos realizados con recursos públicos.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su Primer artículo establece que para garantizar el derecho de acceso a la información pública toda autoridad, entidad, órgano, organismo, partido u organismo de los tres poderes de la Unión que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, incluidos los Sindicatos, se encuentran obligados a transparentar y permitir el acceso a la información.
También instruye sanciones para los sujetos que no cumplan con las obligaciones de transparencia, las cuales consisten en amonestaciones y multas que van de 150 días de salario mínimo a mil 500 días de salario mínimo, adicionalmente se pueden aplicar multas de hasta 50 días de salario mínimo a quienes persistan en el incumplimiento.
Son 140 sindicatos sujetos a cumplir con las obligaciones de transparencia, de los cuales, hasta diciembre de 2016, únicamente 60 habían iniciado su capacitación para cumplir con la obligatoriedad.
Fuente. PRD Senado
