Por InformativoMX
La Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN), solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) así como de la Procuraduría General de la República (PGR) para pronunciarse y resolver el asesinato de líderes sociales en el estado de Puebla por oponerse a la instalación de termoeléctricas y mineras en esta región del país.
En conferencia de prensa donde dieron a conocer la existencia de 100 concesiones mineras y 8 proyectos hidroeléctricos en el estado de Puebla que directa e indirectamente afectan al estado de Tlaxcala y Morelos, Francisco Jiménez Pablo, líder de CNPA MN lamentó que por oponerse a uno de estos proyectos haya sido asesinado Antonio Esteban Cruz quien recibió 4 disparos de arma de fuego en el paraje “El Rincón” a orilla del río Apulco en la comunidad de Cuautapanaloyan, Cuetzalan, Puebla el pasado 4 de junio.
Por ello, insistió Jiménez Pablo junto con Alberto Galindo también miembro de CNPA-MN, en la necesidad de que la Procuraduría General de la República asuma su facultad de atracción en las investigaciones toda vez que el gobierno de Puebla a cargo de Rafael Moreno Valle “es sospechoso por todo el clima de violencia que se ha generado ante la resistencia a los megaproyectos, de tal suerte que no existe una investigación imparcial”.
Los integrantes de la Coordinadora dieron a conocer que seguirán la lucha política para que el Procurador General de la República, José Murillo Karam así como el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que atraigan estos temas en su agenda ya que tan sólo en el caso de Puebla se están afectando 120 mil hectáreas vía concesiones y proyectos sin consulta previa a los ejidatarios.
Alberto Galindo y Edwin Slim, miembros de CNPA-MN y del Frente Indígena y Campesino de México (FICAM) aseguraron que además de la negociación política con el Gobierno Federal, estas organizaciones trabajan en el apartado legal para exigir el esclarecimiento de crimen antes citado así como de las detenciones arbitrarias y desapariciones de luchadores sociales en Puebla.
Dentro de las acciones legales, detallaron, se trabaja en armar denuncias bien fundamentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así como ante la Organización Internacional del Trabajo toda vez que la instalación de mineras a cielo abierto y la implantación de hidroeléctricas violentas diversos derechos humanos y leyes internacionales.
Los miembros del Frente Indígena y Campesino de México (FICAM) declararon que de acuerdo a las negociaciones recientes con Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, del Gobierno Federal, se presentó un reporte sobre la problemática que enfrentan las comunidades campesinas e indígenas ante el avasallamiento de las grandes empresas interesadas en explotar recursos mineros y energéticos del país.
Como resultado de lo anterior, agregaron, se presentó el compromiso de poder tener un diálogo directo sobre el particular con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, mismo que aún se espera quede concretado.
Finalmente, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala- Movimiento Nacional y el Frente Indígena y Campesino de México, pidieron voluntad política del Gobierno Federal para que no haya más despojo de tierras que generen riqueza a unos cuatros empresarios de capital extranjero en materia de explotación minera y energética.
